Nuestra Constitución Nacional ordena en su artículo 75 “legislar y promover” acciones positivas que garanticen la “igualdad real de oportunidades y trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos”, abarcando en particular a personas con discapacidad, niños y mujeres.
A nivel internacional, en 2006 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos años después, el Congreso Argentino adhirió a la misma, a través de la Ley 26.378, que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y que tiene valor constitucional en Argentina, señala en el artículo 24 inciso 5 que: “Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.”
Esto SIGNIFICÓ GARANTIZAR LAS ADAPTACIONES Y REFORZAR LA PROTECCIÓN PARA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, para que puedan ejercer de forma efectiva sus derechos a la salud, la accesibilidad, el trabajo, y, sobre todo, la EDUCACIÓN.
Es decir, la Ley de Educación Superior 25.573/02 (Modificación de la Ley 24.521/95) que afirma en su artículo 2: “El Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación superior de carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas. Y DEBERÁ GARANTIZAR ASIMISMO LA ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO, SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN Y LOS apoyYos TÉCNICOS NECESARIOS Y SUFICIENTES, PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.”
A su vez, la Ley de Educación Nacional N° 26.206/06 QUE GARANTIZA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA, así como los apoyos y accesos NECESARIOS PARA HACERLA EFECTIVA.
Según todo esto que mencioné anteriormente, el acceso a la educación AÚN PRESENTA BARRERAS en todo el país que deberían asegurar una educación inclusiva en todos sus niveles.
Sin embargo, siguen vulnerando los derechos de las personas con discapacidad, lo cual aún no se refleja el enfoque social que dichas barreras surgen del entorno, de la sociedad, no en la discapacidad en sí.
Por otro lado, comprendo que el carácter autónomo y autárquico de las universidades nacionales del país implica que las consideraciones sobre accesibilidad de los estudiantes con discapacidad se circunscriban a la regulación que emita cada universidad, el cual me tomé el tiempo de investigar que sí crearon espacios para facilitar el acceso pero descubrí que algunos no se toman el tiempo de abordarlos porque luego son derivados a servicios de “salud” o “trabajo social”. Peor aún, leer en las redes que varios han escrito sus experiencias en la educación universitaria recibir frases poco deseables, entre ellas, “no es su obligación de adaptarnos”.
Si bien, son universidades nacionales, qué pasa en las privadas?
Sucede exactamente la misma situación, por eso resulta fundamental que se debe crear una ley de perspectiva en discapacidad, un verdadero enfoque de derecho de las personas con discapacidad, tanto en el diseño y planificación de políticas y acciones, como en su desarrollo y ejecución, con su consecuente evaluación institucional, para garantizar igualdad de oportunidades y condiciones para las personas con discapacidad para el acceso, permanencia, avance y egreso.
Que dicha ley sea creada por personas con discapacidad, puesto que sabemos todo lo que nos sucede, no por profesionales que hablan en nombre de nosotros (leer el post anterior)
Siendo estudiante de abogacía, aún sigo peleando contra todas las barreras de la educación universitaria, es necesario que se hable de una INTEGRACIÓN REAL que inclusión, porque la inclusión está pero la integración?
A reflexionar más.
Esta es mi respuesta hacia el disertante que dió en el primer congreso de la discapacidad.
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